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Pena Capital

Ago 10, 2016 | Al deRecho

La sociedad define los valores que quiere institucionalizar cuando los convierte en leyes.  Al convertir esos valores en leyes, facilita que todos los miembros lo conozcan y apliquen, pues de lo contrario se le imponen sanciones.

Nuestra legislación, al plasmar en la Carta Magna la defensa a la vida le otorga a este derecho preeminencia sobre el derecho de elegir de la madre e impedir a los jueces imponer la pena de muerte por delitos y crímenes cometidos.

En un artículo anterior abordamos el tema de los derechos encontrados de una mujer que alega el derecho a elegir versus el derecho a la vida del que ha sido concebido.  Ahora llega el momento de abordar el tema de la pena capital.

De 195 estados independientes que forman parte de las Naciones Unidas 90 contemplan dentro de su sistema legal la pena de muerte o pena capital. De estos noventa, 47 no la han aplicado en los últimos 10 años y otros seis retienen la pena capital para casos especiales como crímenes de guerra y crímenes en masa. Los restantes 37, la mantienen en su sistema legal y su aplicación se mantiene vigente. Al igual que todas las posturas legales, la aplicación de la pena capital tiene grupos a favor y grupos en contra, ambas partes con argumentos de peso.

Quienes están a favor exponen que la aplicación de la pena capital es una declaración que afirma que hay crímenes que se pagan con la vida. Sin lugar a dudas es la pena más contundente posible.

El argumento de defensa de la pena capital es el bien mayor de la sociedad, frente al mal menor del individuo que amenaza a la población, por medio de su corrupción y la potencialidad de corromper a otros. Un criminal que cumple su condena puede reincidir poniendo en peligro el bienestar e incluso la vida de los demás ciudadanos, mientras que su ejecución da cierre emocional a las víctimas y sus familiares.   A la pena capital se le atribuye una función intimidante y preventiva, que alienta a delincuentes a no cometer los delitos sancionados por ella.

A pesar de todo esto, es evidente que la pena capital no previene el crimen. Más aún, tomando la justicia como norte la pena capital conlleva un alto riesgo. Uno de los principios de la justicia es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La consecuencia natural de este principio es la preferencia de dejar en libertad a un culpable antes que castigar a un inocente. Una persona inocente en prisión es una grave falla del sistema, pero una ejecución de un inocente es irreversible. En adición, se puede demostrar que en los países en que aún se aplica la pena capital, la misma tiene grandes sesgos discriminatorios y a menudo se utiliza como medio de favorecer ciertos intereses políticos o económicos.

En adición, la pena de muerte asume la imposibilidad de regeneración del delincuente, a quien se le niega la posibilidad de realizar un cambio interno que le permita re sociabilizarse.  La pena capital también es cruel respecto de la familia del condenado, a quienes se le impone su pérdida y la perciben como venganza.

Finalmente, me inclino por la defensa a la vida, pues la reclusión sirve a la justicia y a la vez a la misericordia, salvaguardando a la sociedad de aquel a quien considera peligroso, mientras mantiene viva la esperanza de que las personas pueden rehabilitarse.

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La difamación conforme a la legislación dominicana es un delito que se encuentra penalizado conforme los artículos 367 a 371 del Código Penal. La pena a imponer conforme a estos artículos va a depender de la persona a la que va dirigida (Jefe de Estado, Instituciones del Estado, Diputados o Representantes del Congreso, Particulares, etc.)
Si está siendo víctima de difamación, para perseguir la condena prevista en el Código Penal por este hecho, puede accionar en contra de la persona que le está difamando, por sí o a través de un apoderado especial, mediante una acusación directa ante el tribunal penal, para lo cual es importante que apodere un abogado.
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La difamación conforme a la legislación dominicana es un delito que se encuentra penalizado conforme los artículos 367 a 371 del Código Penal. La pena a imponer conforme a estos artículos va a depender de la persona a la que va dirigida (Jefe de Estado, Instituciones del Estado, Diputados o Representantes del Congreso, Particulares, etc.)

Si está siendo víctima de difamación, para perseguir la condena prevista en el Código Penal por este hecho, puede accionar en contra de la persona que le está difamando, por sí o a través de un apoderado especial, mediante una acusación directa ante el tribunal penal, para lo cual es importante que apodere un abogado.

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🚧 Alguna vez hemos leído un letrero con la palabra 𝐃𝐞𝐬𝐥𝐢𝐧𝐝𝐞 mientras vamos manejando por la ciudad… pero, ¿sabemos realmente qué significa?
En el ámbito legal, el deslinde es el proceso que permite ubicar, determinar e individualizar una porción de terreno amparada en una 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗍𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖠𝗇𝗈𝗍𝖺𝖽𝖺 , un tipo de documento que, aunque garantiza la existencia del derecho de propiedad, no especifica ni la ubicación ni los límites exactos del inmueble.
📌Desde el año 2005, con la entrada en vigor de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, se prohibió la emisión de nuevas 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗍𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺𝗌 𝖠𝗇𝗈𝗍𝖺𝖽𝖺𝗌. Para poder realizar cualquier actuación registral sobre esos inmuebles, es obligatorio someterlos a un proceso de deslinde.
✅Gracias a la Resolución 3642/2016, este proceso ya no requiere pasar por los tribunales, salvo que haya una objeción legal. Hoy en día, basta con la aprobación técnica de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y su remisión al Registro de Títulos para la emisión del Certificado correspondiente.
El profesional encargado del proceso es un agrimensor acreditado , quien actúa como auxiliar de la justicia y cuyas actuaciones tienen fe pública frente a terceros.
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El protesto de un cheque es un procedimiento formal que se lleva a cabo cuando un cheque no puede ser pagado por el banco, ya sea por falta de fondos, cuenta cerrada o cualquier otra razón. Este proceso debe seguirse de manera meticulosa para asegurar su validez y cumplir con los requisitos legales.
📌Para que el protesto de un cheque sea legalmente válido, es esencial cumplir con varios requisitos específicos. En primer lugar, el cheque debe ser presentado para cobro dentro de los plazos legales establecidos, que varían dependiendo del lugar de emisión del cheque. Si no se cumple con este requisito, el beneficiario pierde el derecho a protestar el cheque. Además, el protesto debe ser realizado por un notario público o un oficial de protestos autorizado, y debe constar en un acta notarial que describa detalladamente el rechazo del cheque y las circunstancias que lo rodean.
💡Ahora bien, del otro lado, ¿para evitar el protesto de cheques?, es fundamental adoptar algunas prácticas preventivas. 🔹En primer lugar, los emisores de cheques deben asegurarse de mantener fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir todos los cheques emitidos. 🔹Llevar un control riguroso de los cheques emitidos y los saldos disponibles es crucial. 🔹Además, puede ser útil consultar con un asesor legal para entender las opciones disponibles y los pasos a seguir para mitigar los efectos negativos del protesto.
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🕊Que estos días traigan paz y reflexión a cada hogar.
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