Los instrumentos públicos se prueban por sí mismos. El sentido del principio “Acta publica probanti se ipsa” encuentra su fundamento en que el instrumento público a diferencia del privado está sometido a formalidades, hace plena prueba en cuanto a su fecha y al hecho de haberse otorgado; y, quien invoca un instrumento público en juicio, no necesita probar su autenticidad, porque la sola presencia del instrumento envuelve una presunción suficiente de que el instrumento es auténtico y es válido.
