Home 9 Al deRecho 9 LITIGIOS 9 Muerte de George Floyd: por qué es tan difícil llevar a juicio a un policía en EE. UU. y casi imposible declararlo culpable

Muerte de George Floyd: por qué es tan difícil llevar a juicio a un policía en EE. UU. y casi imposible declararlo culpable

Jun 9, 2020 | LITIGIOS

En julio de 2014, Daniel Pantaleo, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, sujetó por el cuello a Eric Garner, un afroestadounidense de 44 años, mientas trataba de arrestarlo.

Los videos del incidente, que se dieron a conocer en todo el país, mostraban a Garner repitiendo las palabras “no puedo respirar” mientras era mantenido boca abajo en el suelo.

Garner fue declarado muerto una hora más tarde en un hospital.

El caso provocó protestas en todo el país y provocó indignación sobre lo que debía ser el uso apropiado de la fuerza por parte de la policía.

Cinco meses después de la muerte de Garner, un gran jurado decidió exculpar a Pantaleo de toda responsabilidad.

La decisión fue muy criticada por activistas y provocó nuevamente protestas en todo el país.

Dos años después, un oficial de la policía de Minnesota, Jerónimo Yanez, detuvo a un afroestadounidense de 32 años, Philando Castile, cuando este conducía con su pareja y su hija de 4 años.

Minutos después de la detención y tras un breve intercambio, Yanez disparó su arma siete veces, hiriendo mortalmente a Castile. Este fue declarado muerto media hora más tarde.

El hecho se dio a conocer en todo el país por un video que la pareja de Castile transmitió en vivo en Facebook, y de inmediato estallaron protestas locales y nacionales.

Cinco meses despúes Yanez fue acusado de homicidio en segundo grado.

En 2017, sin embargo, en un juicio por jurado, Yanez fue absuelto de todos los cargos.

El barrio donde ocurrió el encuentro entre Philando Castile y el oficial Yanez está a unos 15 minutos de la calle donde el 25 de mayo pasado tuvo lugar otro encuentro fatal entre un oficial de policía y un ciudadano afroestadounidense: George Floyd.

Floyd, de 46 años, murió después de ser arrestado por cuatro oficiales de la policía de Minneapolis.

En el video que se difundió posteriormente se ve a un policía blanco, Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cuello del afroestadounidense mientras este está esposado y boca abajo en el suelo.

Chauvin, de 44 años, fue detenido y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado el 29 de mayo. Posteriormente se elevó la acusación a asesinato en segundo grado.

Lo más difícil

Las acusaciones, coinciden los expertos, son la parte más sencilla del caso de George Floyd.

Ahora viene lo más difícil: el largo camino para poder llevar a juicio a un ex oficial de policía y el trayecto, más largo aún, para lograr una condena.

Las cifras muestran que muy pocos oficiales de policía involucrados en tiroteos fatales o muertes de personas bajo su custodia son arrestados. Y muchos menos aún son llevados a juicio o condenados.

El profesor Philip Stinson dirige el Programa de Justicia Criminal en la Universidad de Bowling Green State en Ohio y creó, junto con el diario The Washington Post, la primera base de datos de oficiales de la policía que han sido arrestados, llevados a juicio, absueltos y sentenciados.

«Desde 2005 he estado recolectando los datos diariamente. Y lo que se ve es que desde entonces solo 110 oficiales han sido acusados de asesinato u homicidio resultantes de un tiroteo en servicio», le dice Stinson a BBC Mundo.

«Esto a pesar de que desde ese mismo año unas 15.000 personas murieron por disparos de un policía en servicio».

Las cifras (hasta 2019) muestran que de estos 110 oficiales, solo 35 han sido condenados por un crimen, principalmente por homicidio u homicidio involuntario.

En esos 14 años solo tres oficiales han sido condenados por asesinato. Otros 22 fueron absueltos en un juicio por jurado y nueve absueltos en juicio sin jurado.

Otros 10 casos fueron desestimados por un juez o un fiscal y hay más de 20 casos criminales pendientes contra oficiales de policía.

Es decir, si unas 1.000 personas mueren al año en Estados Unidos por disparos de un policía en servicio, solo 7 oficiales son acusados por asesinato u homicidio.

De estos, solo 2 o 3 son condenados cada año, la mayoría por homicidio.

“Sabemos que solo en unas contadas ocasiones cada año un oficial es acusado por asesinato como resultado de un tiroteo en servicio”, explica Stinson.

«Y son aún más raras las ocasiones en que un oficial es acusado por asesinato u homicidio por matar a alguien de otra forma que no sea con un arma de fuego», agrega.

Protecciones legales

Los expertos están de acuerdo en que procesar penalmente a un policía es un asunto «plagado de dificultades».

«Hay varias razones por las que acusar y procesar a un policía es extremadamente difícil en Estados Unidos», le explica a BBC Mundo, Jonathan Blanks, experto en justicia criminal e investigador en The Foundation for Research on Equal Opportunity (FREOPP), un centro de estudios en Washington, DC.

«Quizás la razón principal es que la Corte Suprema ha interpretado nuestra Constitución de manera que permite a los oficiales utilizar cierta cantidad de fuerza en el transcurso de sus labores».

«Tienen el derecho de disparar y matar a una persona si lo consideran necesario y tienen permitido usar una gran cantidad de violencia».

Esto quiere decir que, en muchos incidentes en los que un oficial dispara a matar o causa la muerte de una persona bajo su custodia, está amparado por la ley que justifica el uso de una fuerza letal en el transcurso de su trabajo.

La Corte Suprema establece que el uso de la fuerza debe interpretarse como algo que es «objetivamente razonable».

«Si el oficial tiene un temor razonable de una amenaza inminente de resultar lesionado gravemente o de enfrentar una fuerza letal entonces ese oficial está legalmente justificado a usar la fuerza letal», le dice a BBC Mundo Philip Stinson, quien trabajó como policía antes de estudiar la carrera de leyes.

Es por eso que muchos fiscales locales se muestran renuentes a presentar cargos contra oficiales de la policía en casos vinculados con uso excesivo de fuerza.

Y si el caso llega a juicio, los jurados a menudo se muestran renuentes a condenar al policía porque se piensa que es «injusto» castigar a alguien que cometió un error cumpliendo su trabajo.

«Cuando estos casos logran llegar a juicio, cuando se le presentan cargos al oficial, los jurados, en los juicios por jurado, y también los jueces en juicios sin jurado, son muy renuentes a cuestionar la decisión de vida o muerte que debe hacer en una fracción de segundo un oficial de policía involucrado en un encuentro violento o potencialmente violento”, afirma Stinson.

“Simplemente no están dispuestos a hace eso”, agrega.

Jonathan Blanks está de acuerdo.

«Por ejemplo, en el caso de Eric Garner, la corte reconoció que el oficial tenía el derecho a sujetarlo. El hecho de que Garner murió fue algo accidental y terrible, pero no fue ilegal«, le explica a BBC Mundo.

«De manera que si un oficial de policía dice: ‘temía por mi vida’ o ‘pensé que tenía un arma’, y si puede articular las razones por las que hizo lo que hizo, un tribunal va a ser muy deferente con lo que la policía dice», señala.

El “muro del silencio»

Pero no son solo los aspectos legales los que ofrecen protección a los oficiales. También está una arraigada cultura interna que muchas veces impide que se lleven a cabo investigaciones criminales y arrestos de policías.

Es el llamado «muro azul del silencio».

«Esto está profundamente arraigado en la cultura policial y a menudo coloca la lealtad sobre la honestidad y la integridad personal, especialmente en lo que se refiere a investigaciones por mala conducta», dice Jonathan Blanks.

«Básicamente es porque la policía no quiere que nadie se involucre en sus asuntos. Quieren manejar ellos mismos las quejas y ser ellos los que juzguen lo que está ocurriendo y como solucionarlo», agrega.

Pero este «muro del silencio» también implica no hablar mal de un compañero, dice, por su parte, Philip Stinson.

«Lo vemos todo el tiempo. Es un código de silencio que conduce a que muchos casos sean encubiertos y no sean investigados adecuadamente».

Muchos ahora están pidiendo que se castigue a los responsables de la muerte de George Floyd y que se revisen los estándares de lo que debe ser el uso apropiado de la fuerza por parte de la policía.

Y con la clara evidencia que presenta el video de su muerte, ¿se logrará llevar el caso a los tribunales y alcanzar una condena?

«Te diré que en este caso (de George Floyd) no he escuchado a ninguna agencia de ley y orden en Estados Unidos que haya defendido las acciones de los oficiales en Minneapolis», dice Stinson.

“Todos se han quedado sin palabras. Están totalmente asqueados y todos están de acuerdo en que (los oficiales) cruzaron la línea».

Tal como señala Jonathan Blanks, a menudo los poderosos sindicatos de policía en Estados Unidos defienden a los oficiales cuando son acusados de cometer delitos en servicio.

Pero en el caso de George Floyd no ha sido así.

«Yo nunca antes había visto que los sindicatos y que tantos oficiales y líderes policiales condenaran públicamente a otro policía diciendo que esto fue un asesinato», le dice a BBC Mundo.

«Están diciendo que Chauvin tiene que ser llevado a juicio y la Orden Fraternal de Policía (la mayor organización de agentes de ley y orden) ya emitió un comunicado para ese efecto. Esto es realmente sorprendente».

«De manera que es probable que debido a la presión pública (Chauvin) se declare culpable», agrega.

Pero ahora la pregunta que queda sin responder es cuán a menudo ocurren este tipo de encuentros fatales entre oficiales de la policía y ciudadanos afro estadounidenses.

«Pienso que ocurren a menudo. La gente negra en este país es rutinariamente golpeada, violentada y sujeta a fuerza excesiva de oficiales de la policía que ejercitan su justicia en las calles», le dice Philip Stinson a BBC Mundo.

«Porque los oficiales están tratando de enseñarles una lección y lo hacen aplicando un poco de dolor adicional cuando realizan un arresto», agrega.

«Esto es lo que ocurrió con George Floyd. Pero en este caso fue demasiado lejos».

Fuente BBC Mundo

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Ofar Abogados
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Reducir la informalidad es uno de los grandes retos para fortalecer la economía dominicana.
La Ley 30-26 representa un primer paso importante al establecer facilidades para las MIPYMES. Sin embargo, ampliar la base de contribuyentes y reducir la informalidad requiere combinar incentivos para la formalización con una aplicación más efectiva de las normas.
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🔹️ Vincular la formalidad con beneficios tangibles.
🔹️ Digitalizar la creación y operación de empresas.
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Cuando los beneficios de la formalidad superan claramente sus costos y el Estado facilita el cumplimiento, es posible impulsar una economía más productiva, competitiva y con mayor protección para los trabajadores.
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¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚? 🇩🇴
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Algunas propuestas que hoy forman parte del debate incluyen:
🔹️ Modernizar el Código de Trabajo.
🔹️ Facilitar modalidades como el teletrabajo y la contratación por proyectos.
🔹️ Reducir los costos de la formalidad para incentivar la creación de empleos.
🔹️ Fortalecer la capacitación técnica y profesional.
🔹️ Agilizar la resolución de conflictos laborales.
🔹️ Promover modelos que equilibren flexibilidad y protección para los trabajadores.
Una reforma bien estructurada podría contribuir a atraer más inversión, reducir la informalidad y hacer que nuestras empresas sean más competitivas.
Sin embargo, cualquier cambio debe preservar los derechos fundamentales de los trabajadores y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar su cumplimiento.
💬 El desafío está en encontrar el equilibrio entre competitividad, productividad y protección laboral.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝛊́𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝛊́𝐬? 𝐓𝐞 𝐥𝐞𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬.
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